Declaración conjunta de los sindicatos universitarios en la Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018

Los trabajadores y las trabajadoras de las universidades ante los desafíos del centenario de la reforma universitaria de Córdoba dijeron presente y presentaron una declaración conjunta sobre los Aportes del movimiento sindical universitario a la Conferencia Regional de Educación Superior CRES2018.

 A continuación la versión escrita.

Las organizaciones sindicales que nuclean a los trabajadores y las trabajadoras de las Universidades Latinoamericanas – la Confederación de los Trabajadores de las Universidades de las Américas CONTUA, la Federación Sindical de Docentes de las Universidades de América del Sur FESIDUAS, y la Federación Sindical de Trabajadores de las Universidades de Centroamérica, México y el Caribe FESITRAUCAMC- asumiendo una posición unitaria, con el apoyo de organizaciones sindicales fraternas de la educación como la Central de Educadores de las Américas CEA, y en articulación con el movimiento estudiantil representado por la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes OCLAE, reunidos en la Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018 que se realiza en la ciudad de Córdoba, Argentina, en el marco del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, expresan su posición política en la presente declaración frente a los desafíos universitarios puntualizados en los distintos ejes temáticos definidos para el debate en la Conferencia, y reclaman a la comunidad universitaria latinoamericana, al Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe IESALC/UNESCO, y a la coordinación de la CRES 2018, que los mismos se incluyan en los documentos conclusivos y en la “Declaración Final de la Conferencia”.

En tal sentido, los sindicatos universitarios expresan que:

Desde el movimiento sindical universitario de Latinoamérica luchamos por una educación superior que debe ser considerada como bien público social, derecho humano fundamental y universal, siendo una garantía esencial para el desarrollo justo.

Es por ello, que sostenemos que el Estado debe garantizar el financiamiento adecuado para aumentar la cobertura universitaria, y construir un sistema educativo público, autónomo, gratuito, laico, con ingreso irrestricto, inclusivo, y de máxima calidad y excelencia académica, que garantice el acceso a las universidades de los sectores hoy postergados, así como de las minorías y grupos vulnerables, impulsando masivamente políticas de becas y de promoción social. Queremos una Universidad igualitaria e igualadora, sin discriminación de ningún tipo. Especial énfasis debemos hacer fomentando políticas activas que mejoren la articulación entre la Universidad y la educación media.

Creemos en una Universidad que cumplan plenamente sus funciones de docencia, investigación y extensión, enmarcadas en un fuerte compromiso social, cultural y ambiental.

Defendemos una Universidad liberadora, que cuente con la libertad de cátedra para desarrollar plenamente sus funciones, con compromiso y responsabilidad social, una Universidad que trabaje de la mano con los demás sectores de la educación, la investigación, la ciencia, la tecnología y la cultura, para asegurar la excelencia académica, comprometida con la sociedad, su desarrollo y atención a sus necesidades, a partir de un sistema integral de la educación. Promovemos instituciones de educación superior solidarias y de cooperación entre ellas en el plano nacional e internacional, que impulsen una internacionalización justa, complementaria para la formación; la generación de conocimiento y pensamiento crítico, capaz de contribuir para resolver los graves problemas nacionales y regionales; formulando políticas públicas para atender las demandas de la sociedad y de esta forma convertirse en un motor del desarrollo de nuestros países.

Resulta indispensable, en toda la región, impulsar un crecimiento del porcentaje del gasto social educativo con relación al PIB, con base en una política de justicia fiscal redistributiva para reducir las desigualdades existentes. Los presupuestos universitarios deben propender, con aumentos progresivos y plurianuales, a garantizar la meta del 6% del producto Bruto Interno para la educación pública, y el 1% para ciencia y tecnología. Estas políticas deben favorecer el crecimiento de las universidades, y el aumento real de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, hoy postergados injustamente. Sin inversión en educación, todos los desarrollos teóricos y acuerdos políticos se convierten en “catálogos de ilusiones”. Es por ello que los acuerdos alcanzados en la CRES deben validarse con la sustentación concreta en presupuestos financieros públicos que se correspondan a esos desafíos.

Impulsamos una política de educación superior que contribuya al desarrollo humano integral, que sea factor de liberación, de emancipación, generadora del conocimiento, la ciencia, la cultura y la conciencia social. Es por ello que en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentables definidos por las Naciones Unidas ODS para 2030, asumimos nuestro compromiso para el cumplimiento de las metas educativas establecidas en el Objetivo 4, pero entendemos que solo es posible lograrlas en articulación y convivencia con los puntos establecidos en el Objetivo 7 de “trabajo decente”. No existe ninguna posibilidad de lograr un desarrollo educativo justo y equitativo si no se cumplen los principios de libertad sindical, organización, contratación colectiva, y la protección y respeto pleno de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Entre ellos, se debe garantizar a los trabajadores y trabajadoras el acceso a la salud, seguridad, jubilación digna y bienestar social.


Los trabajadores y las trabajadoras nos comprometemos en la construcción de un modelo de Universidad basado en el compromiso social, que asegure que los estudiantes de sectores populares accedan, permanezcan y se gradúen, para ejercer su derecho a la educación superior, accediendo a capacidades profesionales y científicas que les garanticen la posibilidad de movilidad social en un marco de igualdad de oportunidades.

Hacemos propia la agenda del movimiento estudiantil propiciando una amplia política de becas, que abarque prestaciones de transporte, alimentación y vivienda, para favorecer el acceso universitario de los sectores de menores ingresos.

Entendemos a la universidad actual y futura, en un marco de análisis permanente y puesta en práctica de la perspectiva de igualdad de género, tanto en sus contenidos académicos, como en la gestión universitaria. La universidad debe ser un espacio libre de cualquier tipo de violencia.

Sostenemos que es necesario preservar y profundizar la democracia universitaria donde todos los sectores de la comunidad participen en su gestión velando por su desarrollo y garantizando el cumplimiento pleno de sus funciones. En tal sentido resulta indispensable que se rompan definitivamente todas la barreras que limitan la ciudadanía universitaria plena de amplios sectores de trabajadores docentes, y especialmente del sector de los trabajadores técnicos-administrativos, el sector nodocente, que aun hoy, a cien años de la reforma de Córdoba sigue siendo postergado en la gran mayoría de las universidades públicas del continente en las cuales se les niega su participación en el cogobierno universitario. Exigimos enfáticamente que el Manifiesto de la CRES 2018 se exprese concretamente en favor de la democracia universitaria amplia, y que emita un mandato concreto al sistema para que la representación de los colectivos de los trabajadores actualmente excluidos en muchas universidades, se integren definitivamente, en condiciones reales, representativas, plenas y efectivas, en todos los niveles del cogobierno universitario.

Los trabajadores y las trabajadoras denunciamos con profunda preocupación el fuerte proceso de privatización, mercantilización y precarización laboral en las instituciones de educación superior a nivel mundial y regional. Las políticas neoliberales impulsadas por los países centrales y los organismos financieros internacionales, que presentan una ola actual de adhesión de muchos gobiernos en nuestra región, ponen en riesgo la continuidad de los sistemas educativos públicos en general, y de los universitarios en particular. Hoy el pueblo es el centro de los ataques de gobiernos neoliberales que vienen a achicar al estado y a recortar derechos. Llamamos a la unidad de la comunidad universitaria, y de la comunidad educativa, para responder con lucha y con política, convocando a los sectores populares, en defensa del sistema educativo público.

Creemos que es indispensable establecer políticas de fiscalización y evaluación de la educación superior privada. La educación en tanto bien público y social debe mantener estándares de excelencia y calidad cuya garantía es una responsabilidad del estado. Asimismo, debemos garantizar el respeto al trabajo decente, de la totalidad de los derechos laborales, a los trabajadores y trabajadoras de las Universidades privadas.

Frente a estos desafíos, los trabajadores y las trabajadoras de las Universidades entendemos que resulta indispensable la constitución definitiva en el marco de la CRES 2108 del “Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior ENLACES”, para contar con una institucionalidad seria que nos permita al conjunto de los actores de la comunidad universitaria regional generar un debate constructivo, e impulsar políticas concretas. Claro está, que ENLACES debe ser constituido con la garantía de participación plena del sector sindical y de la representación estudiantil.

Los trabajadores y las trabajadoras, a cien años de la gesta de Córdoba, reivindicamos la Reforma Universitaria de 1918 como un hecho revolucionario, que se proyectó desde Argentina a todo el continente americano, un acontecimiento histórico que surge de un largo proceso de maduración ideológica y lucha, donde se quiebra la universidad elitista para promover los cambios con los nuevos idearios revolucionarios bajo los principios de la autonomía, la libertad de cátedra, la laicidad y la gratuidad de la enseñanza universitaria. Es por ello que desde el movimiento sindical universitario promovemos una alianza estratégica con el movimiento estudiantil, protagonista del movimiento reformista, entendiendo que es necesario impulsar una “nueva reforma universitaria”, una nueva gesta liberadora de las opresiones actuales, y que esa reforma solo es posible si es protagonizada en conjunto por los sectores más dinámicos y comprometidos de la comunidad universitaria.

Propuestas concretas para su inclusión en los documentos finales de la CRES 2018:

Atento a los postulados hasta aquí desarrollados, que entendemos deben ser compartidos por el conjunto de la comunidad universitaria de la región, y verse reflejados en los documentos finales, desde el sector sindical queremos puntualizar una serie de cuestiones que pretendemos sean asumidas en el Plan de Acción que surja de los debates, que necesariamente ha de convertirse en una hoja de ruta para el trabajo de los próximos años.

Sobre el cogobierno: Sigue siendo muy baja la integración de los trabajadores y las trabajadoras, especialmente del sector técnico-administrativo, nodocente, en los Consejos Universitarios en América Latina. La incorporación de la representación de los trabajadores administrativos en los distintos esquemas de “cogobierno” no ha avanzado en los últimos años al ritmo de las reformas estatutarias, salvo excepciones, y en muchos casos la participación es muy minoritaria y restringida. La CRES debe hacer un pronunciamiento a favor de la participación plena de los trabajadores y las trabajadoras en el gobierno universitario. Asimismo, creemos que es necesario crear un ámbito de análisis regional que impulse el acceso de los trabajadores y trabajadoras al cogobierno, realizar estudios comparativos, presentar experiencias exitosas y formular recomendaciones que favorezcan la inclusión democrática en los órganos de gobierno universitarios.

Sobre las carreras docentes y profesionales: En la mayoría de las universidades de América Latina no existen planes y programas de formación profesional permanente de sus trabajadores docentes y técnico-administrativos, nodocentes.
Impulsamos la profesionalización sistemática y permanente de los trabajadores y las trabajadoras a través de programas de formación que sea parte integral de la carrera docente, y asimismo, en gestión universitaria, y programas específicos para las áreas técnicas, que permitan que el personal acceda en forma gratuita, y en tiempo de trabajo, a diferentes alternativas de profesionalización.

Vivimos en la paradoja de que en las instituciones educativas más prestigiosas del continente, carecemos de carreras de profesionalización, instrumentos de formación, y aun de políticas que favorezcan y propicien la terminalidad primaria y secundaria para sus propios trabajadores y trabajadoras. Con la excepción de unas pocas universidades es prácticamente inexistente la política de formación de y profesionalización de los trabajadores y trabajadoras en gestión universitaria, y especialmente, de los gestores que se encuentran a cargo de las principales áreas administrativas. Debemos formular una línea de acción regional en esta materia. En este sentido, reivindicamos el modelo de gran desarrollo en Argentina de las Tecnicaturas y Licenciaturas en Gestión Universitaria como una experiencia exitosa que debe ser analizada para su generalización a nivel regional.

En el caso de la formación docente se debe garantizar la instumentación gratuita de carreras de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) que permitan una carrera académica en un contexto de mejora de excelencia y calidad institucional.

Sobre la Internacionalización en el sector laboral: Son muy pocos los programas de “movilidad” que incluyen a los trabajadores y trabajadoras universitarias. Las políticas de movilidad e internacionalización han sido diseñadas pensando en el intercambio de estudiantes y docentes investigadores, solo algunos pocos programas permiten el acceso a este tipo de políticas a los trabajadores universitarios del sector técnico-administrativo, nodocentes y docentes auxiliares.
Debemos incorporar líneas de acción que permitan la movilidad de los trabajadores, dotarlas de recursos para que sean efectivas, y evaluar las experiencias para analizar su impacto. La agenda de las Redes Universitarias, y de ENLACES debe incorporar este punto en el futuro.

Sobre los derechos laborales: Sigue siendo muy importante el nivel de incumplimiento de los parámetros de derechos laborales que la OIT definidos como de “trabajo decente” en muchas de las universidades de la región. Subsisten prohibiciones de derecho y de hecho a la negociación colectiva, reticencias, dilaciones e incumplimientos con los acuerdos establecidos en los pactos colectivos, persecución a los dirigentes sindicales, prácticas antisindicales de favorecimiento a la creación de “sindicatos amarillos”, negación de derechos consagrados y restricciones al ejercicio del derecho a huelga.


Desde el sector sindical proponemos al IESALC, a ENLACES, y a las Redes de Universidades, que con el auxilio de la Organización Internacional del Trabajo OIT formulemos un “Acuerdo Latinoamericano por el Trabajo Decente en las Universidades”, estableciendo un piso de derechos para los trabajadores universitarios, un compromiso de cumplimiento, y un mecanismo de resolución de conflictos que promueva el diálogo social y la superación permanente.

Las Universidades deben respetar el diálogo social, especialmente el diálogo con las organizaciones sindicales representativas los trabajadores y las trabajadoras, con un agenda amplia, que involucre las definiciones de políticas institucionales, y por supuesto las cuestiones laborales.

Sobre el futuro del mundo del trabajo: La comunidad se apresta a sostener un importante debate promovido por la OIT, en el marco de la Conferencia del Centenario que se llevará adelante en 2019. Las Universidades no pueden permanecer ajenas a esta discusión. Debemos analizar cuáles son los impactos de la revolución científica y tecnológica en el mundo del trabajo y adaptar las currículas académicas a los nuevos paradigmas, siempre, preservando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pensar el futuro del trabajo en las Universidades requiere de una mirada introspectiva, preparando también a los cuerpos docentes, y a los trabajadores y trabajadores técnico-administrativos, nodocentes, para estar a la altura de las transformaciones.
La Universidad ha de ser un actor clave para lograr la convergencia del trabajo manual e intelectual, mediante políticas activas de capacitación continua.

Sobre los hospitales universitarios: Existe un gran abandono de parte de las Universidades, y de la propia reflexión universitaria, sobre los “Hospitales Universitarios”. Mientras en los países centrales se desarrollan hospitales universitarios como modelos de gestión, investigación y desarrollo, en nuestra región no existen políticas en la materia, y muchos de nuestros centros de salud se encuentran en estado deplorable. Desde el sector sindical hacemos un llamado a la comunidad universitaria para que este punto figure en nuestra agenda y reflexionemos acerca de la necesidad de fortalecer el sector salud dentro de las universidades. Reivindicamos el rol asistencial de los hospitales universitarios, y condenamos las políticas de privatización directa o indirectas que amenazan su desarrollo en la actualidad.

Reflexión final:
Creemos en la unidad, creemos en la Universidad Pública como motor de la transformación social en búsqueda de la verdadera justicia social. Los trabajadores y las trabajadoras de las Universidades Latinoamericanas estamos comprometidos en asumir una agenda conjunta que nos lleve a una nueva reforma universitaria.

                                                   Ciudad de Córdoba, Argentina, 13 de junio de 2018.
 

 


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